EN EL NOMBRE DEL PADRE (Y DE LA MADRE)

En el nombre del padre (y de la madre)

Es lugar común en las discusiones sobre educación referirse a la importancia de la opinión de los padres acerca de la enseñanza que reciben sus hijos. Ese argumento se ha elevado a la categoría de principio fundamental, al reconocer la existencia de una comunidad escolar (o comunidad educativa) como presunto protagonista de la participación institucional que marque las directrices de las políticas educativas.
De esta forma, además de la representación paterna en los Consejos Escolares de los centros educativos donde hay alumnos menores de edad, las distintas administraciones reconocen el papel de las diferentes Confederaciones de Asociaciones de Padres de Alumnos, en su calidad de interlocutores y de representantes en el Consejo Escolar del Estado y en los Consejos Escolares de las Comunidades Autónomas.
En muchos centros, la opinión de las APAS (hoy llamadas también AMPAS) es considerada –cuando interesa- por parte de la Inspección Técnica Educativa y las direcciones o delegaciones provinciales de Educación.
Dejamos para otro momento cuáles deberían ser los límites de la intervención de los padres en el gobierno de los centros educativos o cuáles han sido los problemas y las consecuencias de haber fomentado –con dinero del contribuyente- ese tipo de asociaciones en la buena marcha de la enseñanza pública. Tampoco vamos a ocuparnos aquí de cuál ha sido el balance de la actuación de las APAS y AMPAS como grupo de presión en colegios e institutos. No por ello debemos dejar de reconocer que la representatividad de estas asociaciones es por lo general más bien escasa, si tenemos en cuenta la baja participación de los padres en las elecciones de representantes en los Consejos Escolares.
Además, debe hacerse notar que los directivos de muchas APAS y AMPAS de la enseñanza pública claramente han manifestado en las dos últimas décadas opiniones que en absoluto representan a la inmensa mayoría de los padres de alumnos. Y esta no es una afirmación gratuita, sino que está basada en una argumentación fundamentada en hechos reales. En lo que han decidido los padres, en las opciones que estos han manifestado a la hora de elegir el tipo de enseñanza qué quieren para sus hijos. Y digo intencionadamente el tipo de enseñanza, no el tipo de educación.
A título de ejemplo notemos la oposición que algún AMPA progresista de la Comunidad de Madrid presentó a unas razonables normas de disciplina dictadas por la Consejería de Educación. Eran opiniones extremadamente minoritarias entre los padres.
Es un hecho conocido que en los últimos veinte años se ha ido produciendo una tendencia entre las familias de las clases medias, incluso en las clases medias ilustradas cuya intención de voto se sitúa en opciones de lo que convencionalmente se sigue denominando izquierda, hacia la escuela privada. Y esa tendencia se ha traducido en que un amplísimo sector de los padres de alumnos de esa procedencia social, que cuando había ocho años de EGB y cuatro de bachillerato (tres de BUP y uno de COU), elegían colegios privados en la EGB y después preferían un instituto público, tras la LOGSE prefieren para sus hijos un centro concertado (o privado) en el que sus vástagos estudien los cuatro años de la secundaria. Y para lo poco que queda (dos años), también siguen en bastantes casos en el bachillerato privado.
Constituye una contradicción escandalosa comprobar cuántos progresistas biempensantes e izquierdosos narcisistas de tal condición, neoprogres y no digamos profesionales de medios de comunicación que han hecho apología de la enseñanza comprensiva y constructivista, inclusiva y antiacademicista, matriculan a sus hijos en cualquier tipo de centro siempre que no sea un Instituto de Educación Secundaria. Las estadísticas al respecto muestran cómo el actual sistema educativo, inspirado en un presunto igualitarismo social, está por el contrario claramente escindido en dos mitades:
a) una red pública (que acoge a muchos alumnos conflictivos y con peor rendimiento, la mayoría de la inmigración, las clases más desfavorecidas, etc.)
b) una red concertada (que acoge a la mayoría de la clase media) y una red privada (a la que sólo van quienes se pueden permitir las altas cuotas).
Puede objetarse que esta generalización estadística es más clara en las provincias donde la privada tiene más implantación y extensión que en aquellos territorios en los que la enseñanza pública es mayoritaria y la concertada más débil. Y sería cierto, pero esta realidad no contradice el hecho de que cuando los padres pueden elegir entre un instituto público y otro privado, se decantan en un porcentaje significativo por no llevar a sus hijos a uno público.
Y me refiero específicamente al instituto, porque es en este sector, el antiguo bachillerato, donde la sangría de padres de clases medias se ha producido en mayor abundancia desde que empezó a implantarse la LOGSE, en 1990.
Para entender este fenómeno se pueden aportar muchas explicaciones, que habrá que discutir detenidamente. Con datos y sin apriorismos. Pero de la respuesta que demos a este asunto pienso que se derivan conclusiones muy importantes para un debate educativo serio, del que estamos ayunos en España. Y que echaría por tierra muchas consignas propagandísticas que están muy alejadas de la realidad.
Parto de la base de que, pese a la precisión formulada antes sobre la variable territorial de la estadística, hoy ya nadie discute que en la actualidad la mayoría de los padres de las clases medias no quiere para sus hijos la educación pública, y más concretamente, la que les da un IES, si es que tiene posibilidad de elegir.
A esta realidad, a este hecho, no una opinión ni un juicio de valor, se refiere un ya lejano artículo de Julio Llamazares en EL PAÍS del 11/10/2009, justamente al comienzo del presente curso académico.
El ilustre escritor leonés, autor de brillantes columnas periodísticas y de notables novelas, como La lluvia amarilla, Luna de lobos y El cielo de Madrid, trata de explicarse este fenómeno: “Es algo que se discute desde hace tiempo sin que nuestros opinadores encuentren una explicación.”. Y trata de interpretarlo a partir de un análisis en el que desgrana dos grandes tesis. Resumiéndolas toscamente:
1. España es un país donde han crecido nuevos ricos, que anhelan poseer un toque de distinción para ostentar su progreso económico y social.
2. Los servicios públicos se deterioran porque hay comunidades donde gobiernan los que no creen en ellos (alusión fácilmente identificable para el sagaz lector).

En cartas y comentarios posteriores en el diario donde se publicó su artículo, Julio Llamazares recibió múltiples felicitaciones por su agudo análisis y por su defensa de lo gratuito y común, siempre tan progresista, frente a lo privado, tan insolidario y snob, y tan propio de ciertas administraciones reaccionarias y, por ende, destructoras de los servicios públicos.

Con todos los respetos al buen escritor, es preciso decir que el columnista hace gala de un desconocimiento notable de la realidad educativa de las últimas décadas y formula un diagnóstico que sólo muy superficialmente se acerca a la realidad del problema y de forma más bien anecdótica. Estamos ya tan acostumbrados a que aquí cualquiera hable de temas educativos con gran alegría que ya no nos sorprende. Que además lo haga “ex cátedra” tampoco nos impresiona. Dicho con otras palabras, el articulista aprovecha la ocasión para lanzar dardos a sectores sociales y políticos con los que, legítimamente, no simpatiza, pero no para aproximarse a un cabal análisis del asunto, que es el que nos podría arrojar luz para intentar –si realmente queremos- mejorar el prestigio de la escuela pública.

¿Por qué los padres de las clases medias han abandonado los institutos públicos desde que se empezó a implantar la LOGSE? Las razones son muy variadas:

1. La LOGSE le regala dos años de subvención a la privada concertada. Si antes el BUP y el COU eran gratuitos frente a una privada (que ya era muy fuerte en la EGB desde la aplicación de la ley 70), ahora seguir en el mismo colegio les sale a las familias gratis o casi.
2. Justamente, un incentivo para que los padres lleven a sus hijos al colegio concertado es que pueden continuar toda la escolarización en el mismo centro educativo y llevar allí a toda su prole desde Infantil la Enseñanza Media.
3. En los centros concertados se garantiza una jornada escolar más larga cuando los alumnos tienen de 12 a 16 años. Jornada que incluye el servicio de comedor.
4. El prestigio de los Institutos de Bachillerato se ha ido viniendo abajo como consecuencia de la aplicación de la LOGSE. Es vox populi que en estos centros han descendido tanto el nivel de conocimientos como la disciplina. Son pocos los antiguos Institutos de Enseñanza Media o de Bachillerato, merecedores con frecuencia de una excelente reputación, que puedan mantener hoy su tradición académica en el contexto de la comprensividad, las adaptaciones curriculares, los mediadores sociales de la convivencia y demás innovaciones.
5. Los resultados de los alumnos de los institutos públicos en las PAU (pruebas de acceso a la universidad) son en términos generales mucho peores que los obtenidos por los centros privados y más bajos de los que se registraban cuando eran institutos de bachillerato.
6. La extensión de la escolarización se ha hecho (con la complicidad de las autoridades educativas, tanto “progresistas” como “carcas”) de forma que ciertos colectivos sociales que antes no accedían prácticamente a la enseñanza media -minorías étnicas, inmigrantes- se haya concentrado casi en exclusiva en los IES, muchas veces convertidos en centros de compensatoria.
7. Esa extensión de la escolarización hasta los 16 años ha llevado a estudiantes que antes hubieran cursado FP o no hubieran estado escolarizados, casi sólo a los IES.
8. Ninguna autoridad educativa (ni de izquierdas ni de derechas) ha trabajado para que los IES fueran competitivos. Ni ha asumido que fueran “sus” centros, los que había que mimar y potenciar. No hay una preocupación por los resultados.
9. En edades conflictivas, como la adolescencia, los padres tienen la imagen de que los centros privados controlan más a sus hijos y son más estrictos con las faltas de asistencia. (Es verdad que muchos institutos han hecho enormes esfuerzos al respecto, pero la imagen que tiene la sociedad es que los institutos controlan menos a los estudiantes)

Según las circunstancias, en cada padre o madre influirá en mayor o menor medida alguno de los ocho argumentos que se han expuesto. Pero estas son, a mi juicio, las razones por las que los padres de las clases medias han abandonado los institutos públicos, que hubo un tiempo en el que –al menos los más señeros- tenían más prestigio que los colegios privados.

Volvamos, pues, al asunto con el que abríamos este artículo: la opinión de los padres. Parto de la base de que permitir que las APAS y AMPAS opinen y decidan sobre todos los aspectos de la educación puede abocarnos a la demagogia y al desatino. Pero no es esa la cuestión de este artículo.

Si queremos de verdad tener en cuenta la opinión de los padres de alumnos, hemos de considerar que con las decisiones que estos han tomado respecto de la educación de sus hijos en los últimos veinte años ya han evaluado las reformas que nos trajeron la LOGSE y su hija menor, la LOE. Y las han evaluado de forma rotundamente negativa. Porque para las clases medias ilustradas los efectos que la reforma educativa ha producido en los institutos no son de su agrado. Los rechazan. Cuando llega la hora de la verdad, todos los presupuestos que se han vendido como progresistas y que en más de una ocasión se han hecho en el nombre de los padres, en la práctica nos han conducido a un sistema educativo ineficiente y segregador, que ha machacado la enseñanza media pública y que no satisface ni atrae a un presunto cliente, supuesto beneficiario de esas grandes transformaciones pomposamente aireadas por políticos y pseudoexpertos: los padres.

En resumen, la mayoría de los progenitores varones y progenitoras mujeres (además de los adoptantes, tutores y hasta abuelos) les han dicho a los diseñadores de la enseñanza secundaria pública que ese invento no lo quieren para sus hijos o tutelados ni hartos de vino. ¿Por qué se seguirá utilizando demagógicamente el argumento de que ciertas políticas educativas se hacen en nombre de la demanda social y de la opinión de los agentes de la comunidad escolar?

En estas dos últimas décadas, con sus decisiones y con unas tendencias inequívocas que hemos tratado de analizar en este artículo, los padres ya han hablado. Y de qué manera.