Bienvenido sea que el Congreso de los Diputados apruebe la unánime resolución de apoyo a las víctimas de ETA del 27 de junio. Es fundamental que no se haga partidismo con un asunto de Estado tan serio como el de la lucha antiterrorista. Para ello no estaría de más revocar el acuerdo que en su día facultaba al gobierno para negociar con la banda asesina. De esa forma las instituciones estarían a la altura de su papel y no reconocerían formalmente a una organización terrorista como interlocutor del Estado en una negociación, ni política ni de cualquier otra índole. Por mucho que ese error lo hayan cometido todos los gobiernos de la democracia sin excepción, la revocación formal y explícita de la declaración del Congreso del 17 de mayo de 2005 que autorizaba el diálogo entre el Ejecutivo y la banda terrorista para buscar la paz es simbólica y fácticamente un hecho necesario. No hay que dar por hecho que implícitamente el Congreso ha dejado sin efecto el citado acuerdo por el hecho de encontrarnos en una legislatura distinta.
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