Produce cierto escándalo que algunas comunidades gobernadas por el PP se estén planteando no cumplir, obstruir o dificultar la puesta en práctica de una ley promulgada por las Cortes Generales: la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Tienen razón los que dicen que esa norma es de obligado cumplimiento en toda España. Y que ya se produjo el precedente de la ley del tabaco, que la Comunidad de Madrid descafeinó a propósito, creando un espacio legislativo propio que ignora de forma descarada las competencias que el Estado tiene sobre la materia.
El hecho, por supuesto, reviste una notable gravedad, porque implica, de hecho, una rebeldía legislativa por parte de una administración territorial que se niega a llevar a la práctica disposiciones legales de ámbito estatal.
Lo que no se ha comentado al respecto es que este incumplimiento flagrante se viene produciendo en otras comunidades sin que haya pasado nada. La legislación lingüística de muchas comunidades, y no sólo de las “históricas” gobernadas durante décadas por partidos nacionalistas, es un ejemplo de transgresión deliberada de los derechos y obligaciones derivados del artículo 3º de la Constitución. Sin que apenas nadie se haya llevado las manos a la cabeza. Al contrario, cuando se ha esgrimido que las “normalizaciones” lingüísticas llevadas a cabo por ciertos gobiernos autonómicos vulneran flagrantemente derechos constitucionales, se ha arremetido contra los agraviados y los críticos de forma inmisericorde. Por no hablar de las representaciones internacionales de entes administrativos que no tienen competencias y atribuciones en la materia.
Por tanto, el problema de la no aplicación de normas de carácter estatal, legislación vigente de obligado cumplimiento, es un asunto ya antiguo en nuestro Estado de las Autonomías que no ha sido atajado por los poderes públicos con la suficiente consistencia y resolución.
Lo que se proponen hacer algunos gobiernos autonómicos gobernados por el PP es sencillamente inadmisible en un Estado de Derecho, tenga cada uno la legítima opinión que tenga sobre el fondo de la citada norma. Pero es lo que lleva pasando en España durante décadas de forma impune no sólo sin que nadie se rasgue las vestiduras, sino con la justificación del desafuero y la descalificación de quienes han osado criticar la ilegalidad consciente.
O el Estado empieza a asumir su autoridad para evitar el continuo desafío de los poderes autonómicos cuando las leyes estatales no le complacen, y lo hace de manera generalizada, o caminaremos por la senda confederal, claramente inconstitucional, porque se convertirá en una práctica generalizada el abuso de las comunidades autónomas en la ampliación, por la vía de los hechos consumados, del marco legal establecido. Con la consiguiente merma del principio de legalidad y de las garantías legales de los ciudadanos que viven en los territorios donde sus reyes de taifas se han extralimitado.
Lo de las autonomía, Mariano. La respuesta a la ley del aborto de los bandoleros del PP ha sido canallesca: unos con que no la iban a cumplir y luego, en Valencia, con esas inadmisibles coacciones sobre el ciudadano que van a ejercer mostrando previamente imágenes y demás. ¿Te imaginas la escena? ¿Una mujer o una medio niña queriendo abortar y un comité de médicos carroñeros presionándolas con "información" tremendista? ¿Qué clase de abuso es ese? aunque, claro, viniendo de donde viene... ¿Y qué me dices del baño de victimismo de hoy en Barcelona? La verdad es que, si esto de las autonomías era ya un laberinto, con Zapatero no puede decirse precisamente que haya mejorado.
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